La tasa de riesgo de pobreza alcanza al 36,6% de niños de la Comunitat mientras el presupuesto para el menor baja un 6,4
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MARTES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 13:30 GMT
EUROPA PRESS
Pide desarrollar el III Plan integral de la Familia e Infancia, crear un Defensor del menor y proteger las inversiones públicas
La tasa de riesgo de pobreza infantil y exclusión (AROPE) alcanza al 36,6% de los menores de la Comunitat Valenciana, el fracaso escolar al 30,4% y el abandono escolar al 26,9%. Sin embargo, en los dos últimos años el presupuesto de la Generalitat para el menor ha bajado un 6,4%.
Estos son algunos de los datos recogidos en el I Informe de la infancia en la Comunitat Valenciana elaborado por Unicef que se ha presentado este martes en rueda de prensa en la Nau de la Universitat de València, en el que se reclama a las Administraciones públicas y a la sociedad que los niños sean "una prioridad en sus políticas" porque de ellos dependerá modelo de sociedad futura del país.
Al respecto, el director ejecutivo de Unicef Comité Español, Javier Martos, ha lamentado que los niños son "invisibles" para las autoridades porque "no votan", por los que "no se les sitúa en el centro de las políticas públicas como se debería".
En concreto, la autora del informe y responsable de Sensibilización y políticas de Infancia de Unicef en la Comunitat, Marlene Perkins, ha aclarado que los indicadores sobre la situación de los niños valencianos, que suponen el 18,2% de la población de la Comunitat, revelan que están en "el pelotón de la media" de España.
No obstante, ha destacado que existe un "amplio margen de mejora" para llegar a algunas comunidades como el País Vasco donde, por ejemplo, gracias a la creación de un defensor de los derechos de la infancia desde hace 25 años influye en las políticas que se han adoptado a favor del menor.
Así, el informe señala que los indicadores muestran "claramente" que la pobreza en España tiene "rostro del niño". En la Comunitat Valenciana el porcentaje de niños que viven en la pobreza relativa se sitúa en el 26,9% respecto al 27,5% de España.
Además, la privación de material severa afecta al 9,7% frente al 8,3% a nivel nacional y un 15,2% de niños viven en hogares con muy baja intensidad del trabajo frente al 13,8% nacional. Asimismo, "el alto desempleo" de los 26,2% en la Comunitat es una de las causas fundamentales de la pobreza en niños.
Perkins ha constatado que si la atención pública al menor ya era "débil" antes de la crisis ahora que "ha aumentado la vulnerabilidad de una gran masa de la población que ha dejado de ser clase media y que entra en riesgo de pobreza", según datos de la Conselleria de Hacienda, ha habido reducciones en los programas presupuestarios que más influencia tienen en la infancia".
En concreto, los presupuesto de la Comunitat para Educación han bajado de 3,16 millones en 2011 a 3,01 en 2013; los de Promoción de las familias y mujeres de 18.013.430 euros a 15.082.570 euros y los del menor de 98.857.290 a 92.501.400 euros. Por ello, pide proteger las inversiones públicas en la infancia y velar por la visibilidad de la infancia en el diseño presupuestario.
Perkins ha aclarado al respecto que para salir de la pobreza no sólo hay que apostar por políticas de creación de empleo sino que este trabajo sea "sostenible". Por tanto, "se hace necesario un reconocimiento de la gravedad de la situación" y "una priorización presupuestaria que aborde el empleo de las familias más pobres, especialmente las que tienen hijos a su cargo".
Indicadores "preocupantes" en educación
Asimismo, advierte de los indicadores "preocupantes" en la calidad y eficiencia del sistema educativo, así como "obstáculos" para el acceso en condiciones de igualdad. Así, la Comunitat tiene la tasa del fracaso escolar, tras Ceuta y Melilla, más alto con un 30,4% frente al 21,3% de media en España. En el caso del abandono escolar temprano, los jóvenes valencianos que no siguen su formación más allá de a ESO, es del 26,9% frente al 24,9% de media nacional y "lejos" del 12,9% de la UE.
En ese sentido, ha advertido de que ese "panorama preocupante" es también a largo plazo ya que el bajo nivel de estudios de los padres aumenta el riesgo de pobreza y de abandono de los hijos, por lo que hay que "reducirlos para frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza".
Sin embargo, ha criticado que en el momento en el que habría que elevar más las ayudas para garantizar la equidad las subvenciones a los libros de texto se han reducido un 24,6% desde el curso escolar 2008/2009.
Perkins ha exigido además que se eliminen mecanismos de "discriminación efectivas" como incluir en la orden de ayudas el requisito de que padres no pueden tener deudas con la Administración. "El titular del derecho a la Educación es el niño y no se le puede penalizar por una deuda de su padre", ha recalcado.
En salud, en términos generales se prestan con "calidad". Sin embargo, ha alertado de algunas disfunciones como el 10,1% de las incidencias registradas por Odusalud (Observatorio del Derecho Universal de la Salud de la Comunitat Valenciana) sean a menores o que el propio Síndic reconozca dificultades para los menores con enfermedades crónicos y discapacidades puedan acceder a los recursos especializados.
En el ámbito de la Justicia, ha destacado que se prime el acogimiento familiar frente al residencial, peor pide mayores recursos para que les puedan atender, potenciar las políticas de prevención haciendo un seguimiento a las familias más vulnerables, más énfasis en el contenido educativo y recursos para cuando cumplen los 18 año y abandone el sistema de protección a menores.
CONCLUSIONES
Por todo ello, Unicef reclama desarrollar el III Plan integral de la Familia e Infancia, paralizado en 2010, crear una Dirección Específica del Menor, un Observatorio y la figura del Defensor del menor. Además, pide invertir los recursos económicos necesarios para garantizar la protección de los niños en situación de vulnerabilidad, diseñar el III Plan Integral de la Familia e Infancia que convierta a los niños en un colectivo prioritario, abordando de manera específica la reducción de la pobreza infantil.
Asimismo, reclama por velar por el ejercicio completo de los derechos de educación y salud de los niños en mayor riesgo de exclusión, promover el derecho a la participación de los niños en los temas que les afectan y en la vida pública y fomentar la coordinación y el diálogo entre las administraciones públicas y con las entidades especializadas en infancia.
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